Sistema Judicial y Acceso a la Justicia Ecuatoriana

El sistema judicial ecuatoriano constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho y está estructurado conforme a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial. Este sistema se organiza en diversas instancias jerárquicas que incluyen a la Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales, los juzgados cantonales y tribunales especializados, cada uno con competencias específicas en materia civil, penal, laboral, contencioso-administrativa, entre otras. La Corte Constitucional, aunque no forma parte de la Función Judicial propiamente dicha, desempeña un papel clave en el control constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

Uno de los principios rectores del Estado ecuatoriano es el acceso efectivo a la justicia. Este derecho está consagrado en la Constitución y garantiza que todas las personas puedan hacer valer sus derechos sin discriminación alguna, mediante un proceso ágil, imparcial y gratuito. No obstante, a pesar de las normas que promueven la equidad, en la práctica persisten barreras estructurales, como la falta de recursos, la burocracia, y la distancia geográfica, que afectan especialmente a poblaciones rurales, indígenas y sectores vulnerables. Para enfrentar estos retos, el Estado ha implementado mecanismos de defensoría pública y políticas de inclusión judicial.

Paralelamente, el Ecuador ha promovido el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), como la mediación, la conciliación y el arbitraje, con el fin de descongestionar el sistema judicial y ofrecer a la ciudadanía vías más ágiles para resolver disputas. Estas herramientas, reguladas por el Código Orgánico General de Procesos y otras normativas específicas, han cobrado mayor importancia en los últimos años como medios complementarios que fortalecen el acceso a la justicia y fomentan una cultura de paz y diálogo.